La reforma busca proteger la integridad de los consumidores y deudores en el país.
Se busca prohibir a acreedores y despachos de cobranza solicitar el pago de deudas por medio de intimidación, amenazas y llamadas en horas inadecuadas.
Se establecen sanciones a quien ha abusado de la figura de cobranza extrajudicial.
Regulación de entidades financieras, comerciales, y proveedores de bienes y servicios que efectúan los cobros y no forman parte de la actividad financiera.
Sanciones penales a aquellos que efectúen una cobranza por medio de la extorsión.
Frenar la posibilidad que dichas entidades financieras o comerciales violenten la privacidad del hogar de los deudores.
Se prohibió enviar comunicaciones a terceros con excepción de deudores solidarios o avales en las que se dé cuenta del incumplimiento del pago.
Tampoco se podrá hacer uso de lenguaje obsceno o palabras altisonantes, acosar o amenazar al establecer comunicación con el deudor, sus familiares o compañeros de trabajo.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sancionarán con multa de dos mil a cinco mil días de salario, a las entidades financieras que infrinjan estas disposiciones.
Energía
La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó el 9 de abril la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 enviada por el presidente Enrique Peña Nieto.
La Estrategia Nacional de Energía busca generar un mayor crecimiento del PIB para cumplir con la demanda de energía de las actividades productivas del país.
Consolidar el sistema energético a fin de integrar sustentabilidad en el sector, con mayor eficiencia y un menor impacto ambiental.
Se plantea la necesidad de garantizar el abastecimiento de energía a todos los mexicanos.
Pretende mejorar las condiciones de igualdad y promover el desarrollo social.
Mantener una producción de energía primaria tal que el país mantenga su condición superavitaria.
Anticipación de las inversiones regionales de energía y servicios energéticos al pronóstico de crecimiento del PIB.
Identificar de forma temprana de las tendencias de infraestructura usuaria de energía (manufactura y del sector de servicios) en cada región y estado, a fin de mejorar las condiciones de abasto de energía y establecer políticas de eficiencia energética en instalaciones nuevas.
Promover el uso eficiente de la energía en todos los sectores.
También se pretende el fortalecimiento de capacidades técnicas para el desarrollo de proyectos de ahorro de energía y de energías renovables de gobiernos estatales y municipales.
Promover la sustitución por tecnologías con menores consumos de energía.
En proceso
Ley Minera
El 25 de abril la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones y adiciones a la Ley Minera y Ley de Coordinación Fiscal. El Senado ya recibió la minuta, pero no la votó.
Un pago de derecho equivalente al cinco por ciento de los rendimientos por la extracción de recursos minerales.
Con este ingreso, se planea integrar un comité de desarrollo regional en las entidades donde se realice dicha actividad minera, con el fin de promover el desarrollo en estas zonas.
Se privilegiará la construcción de centros escolares, pavimentación y mantenimiento de calles, alumbrado, relleno sanitario, plantas de agua, drenaje, manejo de residuos sólidos, mejoras a la calidad del aire, recuperación de ríos y agua.
La legislación deja en claro que por ningún motivo esos recursos se emplearán en gasto corriente ni suntuario.
El 30 por ciento de los recursos que se recauden con el nuevo impuesto se integrará al Fondo General de Participaciones, mientras que el restante 70 por ciento se distribuirá en partes iguales entre las entidades federativas y los municipios donde se realizan las actividades de extracción
minera.
De acuerdo con la legislación, este nuevo impuesto es consistente con lo que pagan este tipo de empresas en otras partes del mundo.
La Cámara Minera de México (Camimex) manifestó su rechazo al nuevo impuesto bajo el argumento de que en un comparativo de 12 países mineros del mundo, México resultó ser el que más impuestos cobra.
Ley del Seguro Social
El 26 de abril la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La Cámara de Senadores aún no la somete a votación del pleno.
Esta reforma tiene como objetivo equiparar al Impuesto Sobre la Renta (ISR) al pago de cuotas patronales.
Se busca facilitar el cálculo de las cuotas salariales y la fiscalización de las mismas.
El PRD propuso que se destinen recursos adicionales a mejorar la infraestructura médica.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) podrá efectuar auditorías a administraciones pasadas.
El director del instituto presentará un apartado sobre la recaudación adicional impulsado por esta reforma.
El PRI sustuvo que la reforma beneficiará a los trabajadores, ya que al no modificarse la tasa de cuotas obreras, los trabajadores seguirán pagando cerca de 2.6 de cada 100 pesos al Instituto, mientras que por cada peso que paguen ganarán aproximadamente 6.7 pesos por el aumento que se logrará a su cuenta de ahorro para el retiro y vivienda.
El PAN votó en contra al asegurar que la reforma fomentará la evasión y la elusión fiscal, pues obligará a algunas empresas a ir al mercado informal para sobrevivir.
Organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) rechazan la reforma al considerar que es un impuesto disfrazado y en todo caso debe ser parte de la reforma hacendaria.
Pendiente
Reforma Financiera
De acuerdo con el Pacto por México, el Ejecutivo federal presentaría la iniciativa en el primer semestre, pero la amenaza del PAN de salirse del acuerdo político la retrasó.
Aunque no se presentó al Congreso, ya se conoce la reforma financiera, que busca principalmente impulsar el crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes).
Se busca fortalecer a la banca de desarrollo y que ésta se complemente con la comercial mediante programas de garantías, con el objetivo de ofrecer tasas de interés competitivas.
Se propone un nuevo marco jurídico que dará mayor facilidad a entidades financieras para la ejecución de garantías, con lo que compensará pérdidas en caso de suspensión de pagos.
Se busca una nueva Ley de Concursos Mercantiles para evitar casos como el de Mexicana de Aviación, que lleva dos años y medio en el proceso y no se ha liquidado, afectando a sus acreedores, como los bancos.
Se establece un marco jurídico que define las quiebras, tanto de bancos como de grupos financieros, tanto nacionales como extranjeros, en la que se da prioridad como acreedores a los ahorradores del sistema.
Se limitará la compra de bonos gubernamentales por parte de la banca para propiciar que mueva esos recursos y se destinen a impulsar el financiamiento.
Se dan mayores facultades tanto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
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