jueves, 2 de mayo de 2013

Cáceres cuenta con una planta fotovoltaica de 10,7 megavatios de potencia

Cáceres ha inaugurado hoy una planta foltovotaica de 10,7 megavatios de potencia, suficiente para abastecer el consumo anual de 4.700 viviendas de energía limpia, que ha supuesto la inversión de 26 millones de euros.

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado; y el director de la empresa Rock Power Cáceres, Andre Oechsler, que han inaugurado hoy la planta, han manifestado su deseo de una normativa clara en materia de energías renovables.

Situada en el paraje dehesa de Colmenarejo y construida por esa empresa alemana, ha creado 20 puestos de trabajo entre directos e indirectos y permitirá ahorrar 11.000 toneladas de CO2 al año, según ha informado la compañía en un comunicado.

Oechsler ha apuntado que es "un momento de incertidumbres extremas, puesto que la viabilidad del sector está en precario y se encuentra a expensas de un hipotético quinto recorte retroactivo que fulminaría la viabilidad de todos los proyectos".

La compañía siempre ha apostado, ha dicho, por la generación de energías renovables en España, con lo que colabora en la creación de empleo y la generación de energía limpia.

A su juicio, las medidas que está tomando el Gobierno suponen una falta de seguridad jurídica en España y "una merma total del margen, lo que haría inviable continuar invirtiendo en este país".

La compañía alemana ha indicado que tiene en "standby cuatro grandes proyectos" en Alicante, Girona, Tarragona y Murcia, a la espera de las próximas reacciones del Gobierno, momento en que decidirá la viabilidad de todos ellos.

Por su parte, Nevado ha manifestado que la planta supone un yacimiento de empleo y desarrollo económico para la ciudad, además de ser una alternativa energética limpia y respetuosa para el medioambiente.

"Cáceres es un enclave de primera magnitud a tener en cuenta para las energías renovables, por sus horas de radiación solar y características en cuanto a extensión y orografía", ha precisado.

Asimismo, ha señalado la necesidad de contar con seguridad jurídica y una normativa clara por parte del Gobierno de España, que ofrezca garantías para poder desarrollar estas energías alternativas y acompañar a las empresas inversoras en la puesta en marcha de nuevos proyectos.

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