Empresas estarán obligadas a combatir la corrupción

Las empresas que tienen operaciones internacionales corren el riesgo de ser parte de la corrupción cuando los delincuentes las utilizan para legitimar sus ingresos ilícitos, práctica que quiere ser eliminada por lo que las organizaciones tendrán la obligación de incrementar su nivel de supervisión.
En julio próximo entrará en vigor la Ley Federal Mexicana para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, misma que obligará a las empresas que operan a nivel mundial, y en particular en México, a comprender los riesgos y a asegurarse de que cuentan con programas eficaces contra la corrupción.
Baker & McKenzie, firma de servicios jurídicos, explica que el gobierno de México está tomando acciones para combatir la corrupción en todos los niveles por lo que incrementará el nivel de supervisión y aplicación de medidas correctivas en ambos lados de la frontera.
En lavado de dinero es un punto de particular interés pues el Fondo Monetario Internacional estima que el monto global lavado en un año representa del 2% al 5% del PIB del mundo, un acto ilegal que fomenta la corrupción, distorsiona los mercados financieros, reduce la actividad económica real al generar un capitalismo virtual y amenaza a la integridad de las instituciones financieras.
Reynaldo Vizcarra, líder del Grupo de Compliance de Baker & McKenzie México, explica que se buscará prevenir este delito con el apoyo de las organizaciones con operaciones mundiales, estas empresas  mexicanas deberán tener un modelo eficiente de acceso a la información e intercambio de la misma como una herramienta que apoye en el desarrollo de una inteligencia adecuada para identificar signos de actividades criminales y personas vinculadas a las mismas.
“Es un momento importante para las transacciones empresariales transfronterizas. Esperamos que con la entrada en vigor de esta nueva ley aunado al alto nivel de comercio entre ambos países, México se convierta en un actor más involucrado en la aplicación de iniciativas que defiendan la competencia en América del Norte”, dijo Joan Meyer, Socia de Grupo de Práctica de Resolución de Controversias de Baker & McKenzie Washington.
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