El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla iniciaron a mediados de noviembre las primeras conversaciones de paz en una década, una negociación donde han abundado las críticas, las acusaciones mutuas y hasta amenazas de levantarse de la mesa.
Ambas partes, que el 21 de marzo culminaron una nueva ronda de diálogo sin acuerdos, tenían planeado reiniciar el proceso el próximo martes, pero acordaron retomar las conversaciones a mediados de abril.
"Luego de una serie de reuniones en los días de Semana Santa, las delegaciones del Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —Ejército del Pueblo— acordaron retomar las conversaciones la tercera semana de abril", señaló el texto.
Las delegaciones dijeron que el "propósito (es) concluir el trabajo sobre los puntos de la Agenda de manera expedita y en el menor tiempo posible".
Además, se concentrarán en el trabajo "por separado" para continuar el tema del Desarrollo Agrario Integral, el primer punto de cinco que incluye además el tratamiento y la compensación a las víctimas del conflicto que ha provocado miles de muertos y desplazados en el país sudamericano.
Según el comunicado, el gobierno de Santos y las FARC se enfocarán también en la preparación de una serie de consultas el 5 de abril con la Universidad Nacional de Colombia y las Naciones Unidas referentes a las garantías para la participación política.
Para ello han convocado a un foro nacional los días 28, 29 y 30 de abril en Bogotá que canalizará las propuestas locales.
El tema agrario ha sido calificado como "clave" por las FARC para lograr un eventual acuerdo de paz. Ambas partes han destacado "aproximaciones" en cuanto al acceso y uso de la tierra y en las ayudas a los campesinos, entre otros temas.
Pese a que el presidente Santos confía en firmar un acuerdo antes de que concluya este año, el equipo negociador de la guerrilla ha sido cauteloso en los límites de tiempo con el argumento de que no pueden solucionar rápidamente las causas de un conflicto armado interno de medio siglo.
Luego de cuatro meses de diálogo, funcionarios del gobierno y las Fuerzas Militares han arreciado las acusaciones a las FARC de estar activamente involucradas en la producción y tráfico de cocaína y sostienen que es una de las fuentes de financiamiento del grupo rebelde, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.
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